Defender sus derechos es defender la escuela pública
Las Asociaciones de Madres y Padres y las Asociaciones de Familias del Alumnado de la escuela pública de la Comunidad de Madrid que suscribimos este manifiesto queremos expresar nuestro apoyo firme y decidido a la huelga del profesorado y a las movilizaciones que están protagonizando en defensa de sus condiciones laborales y de una educación pública de calidad.
Como familias, sabemos que la educación de nuestras hijas y nuestros hijos depende en gran medida del compromiso, la dedicación y el esfuerzo diario de sus docentes. Conocemos de primera mano las dificultades que afrontan en unas aulas cada vez más exigentes, con ratios excesivas, falta de recursos, sobrecarga burocrática y una atención a la diversidad que demasiadas veces descansa sobre la voluntad y el esfuerzo personal del profesorado.
Por eso queremos decirlo alto y claro: las reivindicaciones del profesorado también son las reivindicaciones de las familias. Su lucha es nuestra lucha.
Cuando nuestras profesoras y profesores reclaman menos alumnas y alumnos por aula, están defendiendo una enseñanza más cercana y personalizada. Cuando exigen reducir sus horas lectivas y su carga burocrática, están reclamando tiempo para preparar las clases, coordinarse, atender a las familias y acompañar adecuadamente a cada estudiante. Cuando piden más personal de orientación, especialistas de apoyo y recursos para la inclusión, están defendiendo el derecho de todos los niños y niñas a recibir la atención que necesitan, con independencia de sus circunstancias. Del mismo modo, apoyamos sus demandas de mejora salarial, recuperación del poder adquisitivo, estabilidad de las plantillas y reconocimiento de su trabajo. Porque no puede haber una educación pública de calidad sin unas condiciones laborales dignas para quienes la hacen posible cada día.
También exigimos colegios e institutos públicos seguros, bien equipados y adecuadamente climatizados, sin barracones ni obras interminables, con recursos suficientes para atender las necesidades educativas y sociales de todo el alumnado.
Queremos una escuela pública inclusiva, libre de segregación y capaz de garantizar una verdadera igualdad de oportunidades
No estamos hablando de privilegios laborales. Estamos hablando del presente y del futuro de nuestras hijas y nuestros hijos.
FRENTE A LAS DESCALIFICACIONES, DIÁLOGO Y SOLUCIONES
Por todo ello, consideramos especialmente grave e irresponsable la actitud que está manteniendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante las movilizaciones docentes.
En lugar de escuchar unas reivindicaciones que afectan directamente a la calidad de nuestro sistema educativo, la Consejería de Educación ha optado por desacreditar la huelga, cuestionar su legitimidad y rechazar una negociación real con sus convocantes. Las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentando a los docentes movilizados como personas violentas o movidas por intereses partidistas resultan inaceptables.
Resulta especialmente inadmisible que el Gobierno regional pretenda presentar esta huelga como una maniobra política vinculada a las elecciones generales. Conviene recordar que la huelga fue acordada y anunciada públicamente el pasado 24 de junio, casi cuatro meses antes de su inicio, con una tabla de reivindicaciones laborales y educativas concreta y conocida por la Administración. No estamos ante una protesta improvisada por intereses electorales, sino ante la expresión de un malestar profundo y prolongado, al que el Gobierno regional ha tenido tiempo de responder con diálogo y soluciones. Intentar desacreditarla atribuyéndole motivaciones partidistas no solo supone una falta de respeto al profesorado movilizado, sino también una manera de eludir la responsabilidad política de atender sus legítimas demandas.
El profesorado merece respeto, no descalificaciones. Merece propuestas, no propaganda. Merece negociación, no desprecio.
Nos parece intolerable que quienes tienen la responsabilidad de garantizar una educación pública de calidad respondan de esta manera a los profesionales que la sostienen. Gobernar la educación exige escuchar a toda la comunidad educativa, reconocer los problemas y comprometer los recursos necesarios para resolverlos.
Rechazamos cualquier intento de enfrentar a las familias con el profesorado utilizando las dificultades que una huelga puede ocasionar en la organización familiar. Somos conscientes de esos inconvenientes, pero también sabemos que la responsabilidad de resolver este conflicto corresponde a la Administración educativa, que tiene la obligación de sentarse a negociar y ofrecer soluciones. No vamos a permitir que se utilice a la infancia como excusa para deslegitimar unas reivindicaciones que también defienden sus derechos.
Exigimos al Gobierno regional la apertura inmediata de una negociación efectiva con los representantes del profesorado, con compromisos concretos, plazos y financiación suficiente. Exigimos que deje de desacreditar a quienes ejercen legítimamente su derecho a la huelga y que sitúe, de una vez, la defensa de la escuela pública entre sus prioridades.
LA ESCUELA PÚBLICA SE DEFIENDE EN COMUNIDAD
Nuestras escuelas e institutos son mucho más que lugares donde se imparten clases. Son espacios de convivencia, de igualdad, de inclusión y de construcción de una sociedad más justa. Y solo pueden cumplir esa función si cuentan con profesionales reconocidos, recursos suficientes y una comunidad educativa comprometida. Por eso, desde las AMPAS y AFAS firmantes, llamamos a todas las familias de la escuela pública madrileña a mostrar activamente su solidaridad con el profesorado, a participar en las movilizaciones y a hacer visible que esta lucha no es únicamente de quienes enseñan, sino también de quienes queremos la mejor educación posible para nuestras criaturas.
Nos sumamos a la manifestación del jueves 22 de octubre, a las 18:00 horas, desde Atocha, y a las próximas que se convoquen, y animamos a las familias a organizarse desde sus colegios e institutos para acudir juntas y arropar a sus docentes.
Porque defender al profesorado es defender a nuestro alumnado. Porque sus condiciones de trabajo son las condiciones de aprendizaje de nuestras hijas y nuestros hijos. Porque la educación pública no se sostiene solo con palabras: necesita inversión, compromiso y respeto.
Hoy más que nunca, las familias estamos con nuestros profes. ¡Por una educación pública digna, inclusiva y de calidad!
LA LUCHA DEL PROFESORADO ES LA LUCHA DE LAS FAMILIAS